Es hasta 1985, en la Nueva Constitución política de la República de Guatemala, que se toma en cuenta la situación de las mujeres en el marco de la insipiente democracia. El Decreto 7-99 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, la aprobación en el Congreso de la Trilogía de Leyes y la Ley de Desarrollo Social hacen imperativo llegar a la Política de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer y crear un ente que se encarga de ser la asesora y coordinadora de dicha Política Pública.

Así las mujeres guatemaltecas contaron con un mecanismo que apoyaría el avance de la atención a sus múltiples necesidades, la Secretaría de Promoción y Desarrollo de las Mujeres -SEPREM-.  Pero después de 20 años, esta Secretaría no logra en su presupuesto equipar brazos sociales que lleguen a la población.  Pese a la creación de las Unidades de Género en todas las dependencias del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y las Oficinas Municipales de la Mujer, no se logra impactar en acciones concretas que atiendan a las mujeres.

La Política de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer Maya, Garífuna, Xinka y Mestiza, es uno de los documentos más completos y mejor logrados, fundamentado en estamentos nacionales e internacionales pero muy lejos de las necesidades sentidas de las mujeres.

Es tiempo que el Legislativo continúe la tarea de llevar a esta débil institución al grado de Ministerio, de tal manera que se relacione objetivamente  con la población de mujeres que constituyen un poco más del 50% de la población, que necesitan ejercer los  derecho humanos fundamentales para garantizar su avance, pero, no desde la teoría que solo comprenden las y los  profesionales dentro del área administrativa,  que les impide la acción en las comunidades lingüísticas del país y en los asentamientos humanos de las ciudades. 

Continuará…