La Constitución Política de la República de Guatemala, asigna al Estado, la obligación de proteger a la persona y a la familia, con el fin supremo de lograr el bien común. La Gobernabilidad será posible solo si se llevan a cabo estrategias de Seguridad y Justicia en todo el país, de tal manera que los cuerpos de seguridad y entidades destinadas a impartir justicia, garanticen, criterios de pertinencia cultural y de género y que se den a las comunidades lingüísticas del país, respuestas coherentes a sus necesidades socioculturales.

Los elementos de la Policía Nacional Civil, mejoran en el trato digno, incentivos profesionales, salarios justos y las órdenes que acatan están en el marco de la Ley.
Se fortalece el acceso a la justicia en el incremento del número de juzgados y tribunales para dar una atención oportuna y de calidad a la ciudadanía. Ampliar las convocatorias para el personal técnico y administrativo de las instituciones de justicia, que sean publicadas no solo en idioma español, sino como mínimo en los idiomas nacionales mayoritarios, de manera escrita y oral. Dar muestras fidedignas de la transparencia de las actividades que se realizan para el incremento del personal que labora en estas instituciones, en abono a la confianza de la población.

Es notoria la coordinación interinstitucional, para aprovechar el trabajo de la seguridad y la asistencia legal a las víctimas. El Desarrollo Sostenible de Guatemala avanza únicamente bajo los esfuerzos de actualizar protocolos de seguridad y justicia haciendo énfasis en la transparencia de sus actos.