Punto de Inflexión. Nuevo año, nuevas oportunidades, grandes desafíos

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Giovanni Tobar

La  Constitución Política en su artículo 64 reza: “Patrimonio Natural, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación”.   Así mismo en su artículo 97: “Medio Ambiente y Equilibro Ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el Desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación, contaminación y agotamiento”.

Es evidente que el deber ser  dista mucho de la realidad, puesto que en los tres poderes del Estado y en las municipalidades, la práctica ha rebasado la capacidad institucional ante una demanda sectorial en constante aumento.

En el caso del poder Legislativo, a juzgar por la emisión de leyes ambientales, el tema no es  considerado prioritario, puesto que aún siguen engavetadas iniciativas urgentes, como la Ley de Aguas, la  Ley de Tratamiento de descargas, Reúso de Aguas Residuales y Disposición de Otras Materias Orgánicas, entre muchas otras.

Por su parte el poder Judicial, no obstante  la existencia de instituciones que apoyan el cumplimiento de procesos en casos de delitos contra el ambiente, este  ha mostrado escasa aplicación de la justicia en distintas etapas.  Por ello es importante el diseño de mecanismos que agilicen y permitan la eficiente aplicación del marco legal que conlleven a la sanción de  delitos ambientales dentro de un adverso contexto de impunidad e ingobernabilidad ambiental en el país.

Un reportaje publicado por Prensa Libre el pasado 6 de enero, denuncia como el presupuesto aprobado para las distintas instituciones que velan por el tema, está muy por debajo de sus pares en la región, no digamos con la inversión que se realiza en  los países desarrollados y afirma que no obstante los diversos retos ecológicos del país, la cartera de ambiente es de las más relegadas. Ante esto  por mucha capacidad o intención de sus autoridades, carecen de los recursos necesarios.

En el caso de las  municipalidades, se han creado o fortalecido  oficinas ambientales para atender principalmente temas  forestales, asesoradas por INAB y MARN, sin embargo debe mejorarse sus capacidades en el manejo integrado de los recursos hídricos y los desechos sólidos considerados puntos clave en las comunidades.

Más que desafíos en temas puntuales,  el principal problema en nuestro país radica en la falta de voluntad política de las autoridades nacionales para ponderar en su justa dimensión la problemática del medio ambiente y programar los recursos necesarios  que permitan mejorar y conservar el patrimonio ambiental nacional.

 

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