Por Aymé Sosa especialista en Cambio Climático y Ginés Suárez, especialista en Manejo de Riesgos y Desastres Naturales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

A nivel mundial muchos de los desastres naturales se han agravado con el efecto del cambio climático, generando un impacto negativo en el desarrollo sostenible de las poblaciones y los ecosistemas.  Guatemala con su riqueza natural y social, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático: 49% del territorio nacional está expuesto a deslizamientos, 44% a inundaciones y 3.5 millones de personas están expuestas a sequías (MARN, SGCCC, y PNUD, 2021).

En las últimas tres décadas, los desastres han cobrado la vida de miles de personas, generando pérdidas económicas de al menos US$ 6,170 millones y afectando a la infraestructura social, la producción de alimentos y la disponibilidad de agua (MARN y Segeplan, 2021). Las proyecciones indican que, si al 2030 el país no implementa medidas más ambiciosas, el costo podría representar anualmente hasta el 5.8% del PIB (CEPAL, 2018). La alta exposición de Guatemala a fenómenos climáticos extremos incrementa los retos de desarrollo como la pobreza, la inseguridad alimentaria, el desempleo y la migración.

En ese sentido, según el Índice de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame (ND GAIN, 2020), Guatemala se sitúa en el lugar 144 de un total de 192 países en preparación ante los riesgos de desastres – el último en la región. Asimismo, presenta una infraestructura con baja resiliencia para hacer frente a los desastres naturales (INFORMRisk, 2022).

Sin embargo, Guatemala sí registra avances en la gobernanza, un aspecto clave para la gestión del riesgo. Como evidencia la aplicación del Índice de Gobernabilidad y Política Pública (iGOPP) para la Gestión del Riesgo del BID, entre 2013 y 2021 Guatemala ha mejorado las condiciones para la implementación de esta política pública (pasando de un valor de 26% en 2013 a 37% en 2021) y mostrando avances en los componentes de identificación del riesgo y planificación de la recuperación, y de reducción del riesgo y preparación para la respuesta. En tanto, pese a que hubo progreso en el componente de protección financiera, el país mantiene un nivel bajo en esta materia.

En noviembre del 2020, las tormentas tropicales ETA e IOTA, que ocurrieron con una semana de diferencia, provocaron inundaciones y destrucción en gran parte del país. En respuesta a la solicitud del Gobierno de Guatemala, el BID aprobó un financiamiento de emergencia de US$ 400,000 dólares que fue ejecutado por la Cruz Roja de Guatemala y permitió atender con ayuda humanitaria (alimentos, kits de higiene y filtros de agua) a 2,000 familias localizadas en algunas de las comunidades más afectadas en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché e Izabal.

Sin embargo, el proceso de recuperación ha sido lento. En la Aldea Campur, una de las comunidades más afectadas en el departamento de Alta Verapaz, la reconstrucción tardó más de un año y las familias aún no se recuperan del todo. Tal es el caso de Sandra Rash, sus 2 hijos pequeños y esposo, quienes perdieron su casa y sus bienes debido a que la estructura de madera de la casa se debilitó por estar bajo el agua y cayó por completo. La familia, sin embargó, trató de reconstruir su casa con los pocos recursos que tenían., Los líderes locales estiman que, debido a la lenta recuperación de la zona, cerca del 30% de los habitantes jóvenes migraron a otros lugres.

El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebra el 13 de octubre, es una oportunidad para reconocer los avances de Guatemala en gestión del riesgo de desastres. También es importante señalar que existen oportunidades de mejora significativas en la planificación de la recuperación post desastre y la protección financiera. En la reciente publicación del Banco, el BID Economics: Panorama de oportunidades para Guatemala, se destacan las oportunidades que se observan en el país, en materia de adaptación y mitigación del climático. Algunas de ellas son:

• Redoblar los esfuerzos de inversión en estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, los cuales posicionarían a Guatemala como potencial receptor de financiamiento climático (por ejemplo, bonos temáticos).
• Fomentar iniciativas de conservación y manejo sostenible de bosques para asegurar servicios ecosistémicos básicos (agua, protección contra desastres) y la generación de oportunidades económicas sostenibles y resilientes.
• Desarrollar prácticas agropecuarias y agroforestales resilientes y bajas en carbono que contribuyan a la seguridad alimentaria, preservando el capital natural y la biodiversidad y mejorando la competitividad del sector.
• Incorporar un enfoque de adaptación y mitigación en la infraestructura con el fin de reducir vulnerabilidad climática. Inversiones en infraestructura verde-gris resiliente y baja en  carbono,  así  como  en  instrumentos  de transferencia de riesgos pueden contribuir a disminuir significativamente impactos y costos del cambio climático.

Lo anterior es fundamental para que los procesos de recuperación sean más ágiles y se enfoquen en reducir los impactos sobre las poblaciones más vulnerables, como el caso de la Aldea Campur. La buena noticia es que el país ya está realizando algunos esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ante el cambio climático. Por ejemplo, con el apoyo del BID, se están integrando medidas de resiliencia climática, desde el diseño de las obras de infraestructura como carreteras, puentes, escuelas y centros de salud primaria, como en obras de agua y saneamiento. De esta forma, en caso de producirse un evento climático, el impacto es limitado y las obras pueden continuar proveyendo servicios básicos a las poblaciones vulnerables, contribuyendo a su recuperación.

Invertir en resiliencia climática en los diferentes sectores estratégicos de la economía del país como infraestructura social y sistemas productivos sostenibles, conllevaría a importantes beneficios sociales y económicos, desde la reducción de costos de reconstrucción y mantenimiento de infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la creación de empleos verdes, el aumento de ingresos familiares y la reducción de la migración, entre otros.

El iGOPP es un indicador desarrollado por el BID y avalado por Naciones Unidas que mide en una escala de 0% (mínimo) a 100% (máximo) si un país cuenta con las condiciones normativas, institucionales y presupuestales adecuadas para poder implementar una política pública en Gestión del Riesgo de Desastres.